El Gobierno de México, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una Estrategia Nacional contra la Extorsión para combatir este delito que ha crecido significativamente y afecta tanto a grandes empresarios como a negocios pequeños y a la población en general.
Esta nueva cruzada contra la extorsión se basa en un plan integral que incluye cinco ejes operativos y preventivos, tales como:
- Acciones de inteligencia y detención de extorsionadores.
- Operativos en centros penitenciarios para desmantelar call centers desde donde se realizan extorsiones.
- Bloqueo de líneas celulares y congelamiento de cuentas bancarias usadas por criminales.
- Campañas de prevención y capacitación a trabajadores de tiendas, bancos y hoteles para identificar llamadas o depósitos sospechosos.
- Atención especializada y anónima a víctimas a través del número nacional 089, para que el Estado asuma la responsabilidad de investigar y no las víctimas directamente.
El plan se enfoca prioritariamente en ocho estados donde se concentra más del 66% de los casos: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Además, se está impulsando una reforma constitucional para permitir la creación de una ley general contra la extorsión que homologue criterios y penas en todo el país, y que facilite la intervención federal en casos donde las autoridades locales no actúen.
García Harfuch destacó que esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite al gobierno investigar de oficio los casos de extorsión, y que en las últimas semanas ya se han logrado detenciones clave en varios estados contra operadores de redes criminales dedicadas a este delito.
En resumen, el Gobierno mexicano está enfrentando la extorsión con un plan coordinado de inteligencia, operativos, prevención y apoyo a víctimas, con el objetivo de proteger el sustento económico y la seguridad emocional de miles de familias y negocios afectados por este «impuesto criminal» que se ha arraigado en el país.
