Israel Vallarta Cisneros, señalado durante casi dos décadas como presunto líder de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, fue absuelto y se ordenó su liberación tras permanecer casi 20 años en prisión preventiva sin una sentencia. La absolución la dictó la jueza Mariana Vieyra Valdés, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México. La jueza concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos imputados, que incluían secuestro, delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas”. Un día después, ambos fueron presentados ante cámaras de televisión en un montaje mediático organizado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), entonces dirigida por Genaro García Luna, hecho que años más tarde se comprobaría como ficción escenificada para los medios. Cassez obtuvo su libertad en 2013 tras un fallo judicial por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión hasta ahora, sin sentencia definitiva durante casi dos décadas.
El caso de Israel Vallarta se convirtió en uno de los ejemplos más notorios de violaciones al debido proceso, uso abusivo de la prisión preventiva y fabricación de culpables en México. Diversos organismos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, señalaron la existencia de tortura documentada en su caso y la ausencia de garantías procesales.
La jueza dictó la sentencia absolutoria tras determinar que la FGR no logró probar con evidencia contundente la participación de Vallarta en los delitos. Sin embargo, la misma resolución aclara que la FGR puede apelar ante una instancia superior, aunque dicha acción no detiene la liberación inmediata de Vallarta del penal del Altiplano.
Este fallo representa un cierre a un caso polémico que evidenció el antiguo sistema penal mexicano, marcado por irregularidades, tortura, y manipulación mediática por parte de las autoridades.



