Estados Unidos incrementó la presión sobre México para que permita la participación directa de fuerzas militares y de inteligencia estadounidenses en operativos contra el narcotráfico, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste públicamente en que no aceptará tropas extranjeras en territorio nacional. Un reportaje de The New York Times revela que la cooperación en materia de seguridad ya se ha intensificado y que Washington busca dar un salto cualitativo mediante operativos conjuntos contra laboratorios de fentanilo.
Presión de Washington y propuesta de intervención
De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el NYT, el gobierno de Donald Trump pretende que fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a militares mexicanos en incursiones contra laboratorios de fentanilo dentro de México. La solicitud se reactivó después de la operación militar estadounidense en la que fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, lo que reforzó en Washington la idea de extender este tipo de acciones a territorio mexicano.
Trump ha reiterado en entrevistas que “los cárteles gobiernan México” y ha sugerido incluso ataques terrestres contra objetivos del crimen organizado, alimentando la narrativa de que está dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Estas declaraciones han elevado la tensión diplomática e incrementan el costo político para México de cualquier gesto que pudiera interpretarse como aval a una intervención.
Respuesta de Sheinbaum: soberanía como línea roja
Claudia Sheinbaum ha sostenido en conferencias y entrevistas que, aunque México y Estados Unidos seguirán colaborando contra los cárteles, su gobierno no permitirá el ingreso de tropas estadounidenses al país. Tras una reciente llamada telefónica que calificó como una “buena conversación” con Trump sobre seguridad y tráfico de drogas, la mandataria remarcó que la ayuda militar directa “no es necesaria” y que la cooperación debe darse sin violar la soberanía.
La presidenta ha recordado que la Constitución mexicana y reformas recientes restringen la presencia de fuerzas extranjeras en suelo nacional, lo que, junto a la memoria histórica de la pérdida de la mitad del territorio frente a Estados Unidos en el siglo XIX, refuerza el rechazo social y político a cualquier intervención. Dentro de su propio bloque, de corte de izquierda y tradicionalmente receloso de Washington, aceptar tropas estadounidenses podría abrir una fractura interna y erosionar su capital político.
Colaboración en seguridad ya existente
Aunque Sheinbaum ha marcado como inaceptable la presencia de militares estadounidenses en campo, la cooperación bilateral en seguridad antidrogas ya es amplia y se ha reforzado en su administración. El NYT detalla que agentes de la DEA en México trabajan con fuerzas nacionales en la construcción de casos contra organizaciones criminales, si bien actualmente tienen prohibido participar directamente en operativos en tierra.
Fuentes estadounidenses consultadas por ese medio señalan que el objetivo de Washington es precisamente romper ese límite e involucrar a unidades de élite en incursiones contra laboratorios de fentanilo que abastecen al mercado estadounidense. Analistas advierten que una presión excesiva de Trump podría poner en riesgo la cooperación ya existente si México percibe que se cruza la línea de la subordinación.
Riesgos para la relación bilateral
Diplomáticos y especialistas en la relación bilateral alertan que un eventual movimiento unilateral de Estados Unidos —como un operativo militar en México sin aviso previo— sería desastroso para la cooperación en seguridad y para la intensa relación económica entre ambos países. México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos y un socio clave en materia de seguridad fronteriza, lo que hace especialmente sensibles las señales de ruptura o escalamiento militar.
En el plano interno, Sheinbaum enfrenta el reto de contener la presión de Trump sin aparecer débil ante el crimen organizado ni ante la opinión pública mexicana, que mayoritariamente rechaza una intervención extranjera. El tema se perfila como uno de los ejes más delicados de su primer año de gobierno y podría marcar el tono de la relación con Washington en materia de seguridad y migración.
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