El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo mientras se desarrolla la investigación abierta en su contra, luego de los señalamientos difundidos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado. En un mensaje público, el mandatario afirmó que presentó la solicitud ante el Congreso del Estado por convicción republicana y con el propósito de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas, al tiempo que rechazó las acusaciones y aseguró tener la conciencia tranquila.

La decisión ocurre en un contexto de fuerte presión política y mediática, debido a que el caso impacta no sólo a la administración estatal, sino también a Morena, partido con el que Rocha Moya llegó al poder en 2021. La solicitud de licencia fue posteriormente aprobada por el Congreso de Sinaloa por más de 30 días, en una sesión extraordinaria, lo que formalizó su separación temporal del cargo mientras avanzan las indagatorias.

Contexto político

El caso adquiere especial relevancia porque Sinaloa ocupa un lugar central en la discusión nacional sobre seguridad, crimen organizado y gobernabilidad. En ese escenario, la licencia de Rocha Moya busca bajar la presión institucional y política sobre el gobierno estatal, aunque no cancela el costo público del caso ni las tensiones para Morena en el plano nacional.