La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, objetó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la legalidad del citatorio mediante el cual se le solicitó comparecer como testigo en el caso relacionado con presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad.
De acuerdo con la postura de la mandataria estatal, el requerimiento carece de precisión jurídica al no establecer de manera formal el motivo específico de la comparecencia. Además, argumentó que la legislación vigente contempla excepciones para los titulares del Poder Ejecutivo estatal, quienes no están obligados a acudir personalmente ante el Ministerio Público en este tipo de diligencias.
