CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez federal vinculó esta madrugada a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Durante la audiencia, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmandatario permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía General de la República acusa a Aguirre Rivero de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. Según la investigación ministerial, el exgobernador habría ordenado o participado en el ocultamiento y destrucción de videograbaciones relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.eluniversal.com+1
¿Qué sostiene la Fiscalía?
La FGR sostiene que desde la estructura del gobierno estatal se habría desplegado una operación para ocultar evidencias que podían ayudar a determinar el paradero de los normalistas.
Entre los materiales presuntamente desaparecidos se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad de la Ciudad Judicial de Iguala. De acuerdo con las investigaciones, dichas imágenes podrían haber registrado el paso de uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes antes de ser interceptados.sdpnoticias+1
La acusación también se apoya en declaraciones de testigos colaboradores, quienes presuntamente señalaron que funcionarios estatales conocieron la existencia de los videos y que su desaparición habría sido ordenada desde los niveles más altos del gobierno de Guerrero.elpais
El contexto del caso
Ángel Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014. Dejó el cargo en medio de la crisis política provocada por la desaparición de los 43 normalistas y los ataques registrados en Iguala, que también dejaron seis personas asesinadas y decenas de heridos.elfinanciero.com
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales y otros grupos armados la noche del 26 de septiembre de 2014. Desde entonces, sus familias mantienen la exigencia de verdad, justicia y localización de los jóvenes.
A casi 12 años de los hechos, únicamente se han identificado restos de tres de los estudiantes, mientras que los otros 40 permanecen oficialmente como desaparecidos.
Las investigaciones también han documentado posibles omisiones de autoridades estatales y federales, así como deficiencias en el procesamiento de escenas, el resguardo de evidencias y la reconstrucción de lo ocurrido aquella noche. La propia Fiscalía mantiene una unidad especial dedicada al caso Iguala y Ayotzinapa.gob+1
Aguirre niega responsabilidad
Antes de su detención, el exgobernador negó haber ordenado la desaparición o destrucción de los videos y rechazó tener conocimiento sobre el manejo de ese material probatorio.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. En esta etapa, el juez determinó que existen elementos suficientes para que continúe la investigación penal en su contra, mientras la Fiscalía y la defensa presentan y desahogan sus respectivas pruebas.
