La crisis del Instituto Nacional Electoral dio este jueves un giro hacia el terreno penal. El consejero Arturo Castillo pidió a la Fiscalía General de la República investigar las presuntas irregularidades atribuidas a Guadalupe Taddei y valorar si procede la prisión preventiva oficiosa, al considerar que los hechos denunciados podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones, aunque aclaró que corresponde a la FGR determinar si hay elementos para proceder.
Los señalamientos se acumulan. Registros de transparencia revisados por medios nacionales indican que los sueldos reportados por Taddei y al menos siete integrantes de su familia que ocupan o han ocupado cargos públicos suman cerca de 12 millones de pesos anuales. La propia expresidenta, quien renunció el lunes tras las publicaciones sobre presuntos conflictos de interés y triangulación de recursos con proveedores, declaró ante el instituto ingresos netos por 3.2 millones de pesos en 2025 y dijo no poseer bienes inmuebles ni automóviles.
La respuesta institucional avanza en paralelo por tres vías: el INE revisará contratos y licitaciones vigentes —incluida la producción de credenciales para votar— y abrió un mecanismo de denuncias anónimas para trabajadores; el Congreso prepara la convocatoria para elegir al sucesor de Taddei entre el 6 y el 7 de diciembre; y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá convertir Talleres Gráficos de México en una empresa del Estado para producir el material electoral, además de pedir a la Auditoría Superior de la Federación investigar a los proveedores que «llevan más de 20 años repartiéndose» los contratos del instituto y de los organismos electorales locales.
