La detención de altos mandos de seguridad municipal por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el marco de la «Operación Enjambre» ha generado una profunda preocupación en nuestra sociedad. Este operativo, que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno, pone en evidencia una alarmante red de corrupción que parece haber permeado nuestras instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.

La complicidad entre algunos miembros de la policía municipal y el crimen organizado es un tema que inquieta a muchos. ¿Cómo es posible que aquellos responsables de proteger a los ciudadanos estén, en cambio, colaborando con actividades delictivas? El hecho de que se necesiten operativos tan contundentes para desmantelar estas redes sugiere un problema estructural dentro del sistema. La confianza ciudadana se ve seriamente amenazada ante este tipo de revelaciones, y es fundamental que se tomen medidas efectivas para garantizar un cambio real.

El miedo a lo desconocido crece cuando consideramos las implicaciones futuras: ¿seguirá habiendo una lucha efectiva contra el crimen si las autoridades están comprometidas con él? La transparencia y rendición de cuentas deben ser prioritarias para evitar que estos episodios se repitan y para restaurar la fe en nuestras fuerzas del orden.