La red de corrupción del Instituto Nacional Electoral perdió este jueves su acceso al sistema financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Pablo Gómez, identificó operaciones de riesgo vinculadas con los proveedores electorales, bloqueó las cuentas de 40 personas y empresas —25 personas físicas y 15 morales, según los recuentos de la UIF difundidos por UnoTV y Quadratín— y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Las portadas de los periódicos nacionales dan la dimensión política del golpe: La Razón titula «UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas», La Jornada habla de la «red de corrupción en el INE» congelada, El Sol de México anuncia que «bloquean las cuentas a Guadalupe Taddei», y El Universal resume el estado del caso con una frase lapidaria: «15 escándalos, una renuncia y ningún machuchón en prisión».
El cerco se cierra en tres frentes simultáneos: la UIF en el terreno financiero, la Fiscalía General de la República en el penal —con la denuncia de las consejerías por las presuntas irregularidades de la gestión Taddei— y la Auditoría Superior de la Federación, que amplió su indagatoria y revisará las adquisiciones de 2000 a 2025 del otrora IFE, el INE y los organismos electorales locales, en busca de concentración de proveedores y subcontrataciones irregulares. Mientras tanto, la sucesión de Taddei sigue en el Congreso: la convocatoria para elegir a la nueva presidenta, reservada a mujeres, se discutirá la próxima semana tras el desacuerdo en la Jucopo, con elección final prevista para diciembre.
