La crisis política detonada por el operativo de seguridad en Chihuahua escaló este martes al Senado de la República, donde la negativa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván a comparecer por presuntos vínculos de colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) generó un fuerte choque entre fuerzas políticas y colocó al PAN en el centro de la controversia.

Durante la sesión del pleno, legisladores de Morena y aliados exigieron la presencia de la mandataria estatal para explicar los alcances del operativo y los supuestos acuerdos con agencias extranjeras. Sin embargo, la ausencia de Campos Galván fue interpretada por la mayoría oficialista como un intento de evadir responsabilidades, lo que intensificó el debate y derivó en acusaciones directas contra el Partido Acción Nacional.

La discusión se volvió el eje central de la agenda legislativa, desplazando otros temas y evidenciando la tensión entre el bloque oficialista y la oposición. Senadores panistas defendieron a la gobernadora al señalar que no existe evidencia concluyente sobre la supuesta intervención extranjera, mientras que Morena insistió en que se trata de un asunto de soberanía nacional que debe esclarecerse a fondo.

Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y pidió una investigación exhaustiva. “No puede haber dudas cuando se trata de la seguridad nacional. Se tiene que llegar al fondo de este asunto”, declaró, marcando así la postura del gobierno federal ante la polémica.

En paralelo, la Fiscalía General de la República informó la apertura de dos carpetas de investigación relacionadas con los hechos, una enfocada en posibles violaciones a la soberanía y otra en el actuar de autoridades locales durante el operativo.

El caso ha generado un impacto político significativo para el PAN, que enfrenta cuestionamientos no solo por la actuación del gobierno de Chihuahua, sino también por su postura en el Senado, donde ha cerrado filas en defensa de Campos Galván.

La evolución de las investigaciones y la eventual comparecencia de la gobernadora marcarán el rumbo de una crisis que ya rebasó el ámbito estatal y se ha convertido en un tema de alcance nacional.