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La desaparición y posterior hallazgo de cuatro niños en Ecuador ha generado una profunda indignación y luto en el país. El 8 de diciembre, los menores, identificados como Ismael Arroyo (15), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas de Guayaquil y nunca regresaron a casa. Inicialmente, se pensó que habían sido secuestrados por organizaciones criminales, pero la situación dio un giro trágico cuando sus cuerpos fueron encontrados calcinados y con signos de tortura cerca de una base militar el 24 de diciembre.

Detalles del Caso

  • Operativo Militar: La Fiscalía de Ecuador ha confirmado que los niños fueron detenidos por miembros del ejército durante un operativo. Se ha ordenado la detención de 16 militares implicados en el caso, quienes enfrentan cargos por presunta desaparición forzada 9.
  • Versiones Contradictorias: El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, inicialmente atribuyó la desaparición a grupos delincuenciales, pero luego admitió que los menores habían sido detenidos por una patrulla militar. Esto ha alimentado la indignación pública, con manifestaciones en varias ciudades exigiendo justicia y respuestas sobre lo sucedido 8.

Reacciones y Consecuencias

El caso ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, resaltando preocupaciones sobre la militarización y el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército en el contexto de una política de seguridad implementada por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024. 

La abogada Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, ha señalado que este incidente no es aislado y refleja un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país 1.

Las familias de los niños han expresado su dolor y desesperación. Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, relató que reconoció a sus hijos por sus pies debido a las graves mutilaciones sufridas. «Estamos destruidos por dentro», afirmó en una entrevista 2

La comunidad ha respondido con protestas masivas, clamando «son futbolistas, no terroristas», enfatizando la naturaleza inocente de los niños involucrados.

Este trágico evento no solo ha dejado un vacío en las familias afectadas sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad pública y la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos más vulnerables.

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