La elección del 1 de junio de 2025 marca un hecho inédito en la historia de México: por primera vez, la ciudadanía elige directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en varios estados. Este proceso surge tras la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que cambió radicalmente el mecanismo de selección de estos cargos.
A continuación, se presentan las principales ventajas y desventajas identificadas por especialistas y medios sobre este nuevo modelo.
Ventajas
Participación ciudadana y legitimidad
- Permite que la ciudadanía tenga voz directa en la integración del Poder Judicial, lo que puede fortalecer la legitimidad democrática de los jueces y magistrados al ser electos por voto popular.
Transparencia y rendición de cuentas
- El proceso electoral puede incentivar mayor transparencia en la selección de los impartidores de justicia y, en teoría, hacerlos más responsables ante la sociedad, al depender su cargo del voto ciudadano.
Equilibrio de poderes
- Se argumenta que la elección directa puede contribuir a un mayor equilibrio entre los poderes del Estado, reduciendo la percepción de que el Poder Judicial es un espacio cerrado o controlado por élites políticas o económicas.
Oportunidad de renovación
- La reforma permite una renovación amplia de los cuadros judiciales, lo que puede abrir espacio a nuevos perfiles y perspectivas, y combatir inercias o vicios internos.
Desventajas
Riesgo de malos perfiles y falta de experiencia
- Una de las críticas más fuertes es la posibilidad de que lleguen al cargo personas sin la preparación, experiencia o conocimientos jurídicos necesarios, ya que no es requisito haber trabajado previamente en un tribunal o juzgado.
- Se advierte una “pérdida brutal de capital humano”, pues todos los actuales jueces y magistrados federales y locales dejarán sus cargos en 2025 o 2027, lo que implica la salida de personal con experiencia acumulada.
Desconocimiento de los candidatos
- Dada la gran cantidad de cargos y aspirantes (más de 3,000 para 881 puestos), la mayoría de los ciudadanos no conoce a los candidatos, lo que dificulta un voto informado y puede llevar a decisiones basadas en popularidad o campañas mediáticas, más que en méritos profesionales.
Politización y riesgos de captura
- Existe el riesgo de que los procesos electorales judiciales sean capturados por partidos políticos, grupos de interés o incluso por el crimen organizado, especialmente en contextos donde ya se han señalado vínculos de algunos candidatos con el narcotráfico.
- El proceso ha generado confrontación política y protestas entre oficialismo y oposición, lo que podría afectar la percepción de independencia del Poder Judicial.
Complejidad y fatiga electoral
- El número de boletas (de 6 a 13, dependiendo del estado) y la diversidad de cargos a elegir pueden generar confusión entre los votantes y aumentar la posibilidad de errores al votar.
Costos y logística
- La organización de una elección de esta magnitud implica costos y retos logísticos adicionales, tanto para las autoridades electorales como para los ciudadanos.
Resumen comparativo
| Ventajas | Desventajas |
|---|---|
| Mayor participación ciudadana | Posibilidad de elegir perfiles no idóneos |
| Potencial para mayor transparencia | Desconocimiento generalizado de candidatos |
| Equilibrio de poderes | Riesgo de politización y captura |
| Renovación de cuadros judiciales | Pérdida de experiencia y capital humano |
| Complejidad y fatiga electoral | |
| Altos costos y retos logísticos |
Conclusión
La elección judicial de 2025 en México representa un experimento democrático de gran alcance, con potenciales beneficios en términos de legitimidad y transparencia, pero también con riesgos significativos relacionados con la idoneidad de los candidatos, la politización y la complejidad del proceso. El resultado de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad de la ciudadanía para informarse y de la fortaleza de las instituciones para garantizar un proceso limpio y profesional.
