Nueva York fijó la próxima audiencia de Gerardo Mérida Sánchez para el 1 de junio, en el caso federal que lo acusa de proteger a la facción de Los Chapitos a cambio de sobornos. La información coincide con reportes de prensa que señalan que fue detenido en Arizona el 11 de mayo y trasladado a Nueva York, donde compareció por primera vez ante la corte federal de Manhattan.
Qué se le imputa
Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de participar en una red de protección institucional al Cártel de Sinaloa, presuntamente vinculada con sobornos mensuales de al menos 100 mil dólares. También se le atribuyen cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de fuego y artefactos destructivos.
Por qué importa
Mérida Sánchez no es un acusado cualquiera: fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, por lo que el caso golpea directamente la credibilidad del aparato de seguridad estatal. Además, forma parte de un expediente más amplio contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Washington por presunta colaboración con Los Chapitos.
Contexto del proceso
El expediente fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes federales más activas en casos de narcotráfico transnacional. Según los reportes, el exfuncionario se entregó voluntariamente en Arizona y luego fue llevado a custodia federal; en su primera audiencia no estaba obligado a declarar culpabilidad y quedó detenido mientras avanza el proceso.
La Corte para el Distrito Sur de Nueva York fijó para el 1 de junio la siguiente audiencia del proceso contra Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente en Arizona el 11 de mayo para enfrentar cargos por presunta protección a Los Chapitos. El exfuncionario compareció por primera vez ante un juez federal en Manhattan y permanece bajo custodia mientras avanza una acusación que lo vincula con sobornos, narcotráfico y posesión de armas.
Su caso se inserta en una investigación más amplia de Estados Unidos contra una red de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presunta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa, lo que convierte el expediente en un nuevo golpe judicial contra la estructura política y policial del estado.
