La reciente decisión de la Casa Blanca de vetar indefinidamente a la agencia de noticias Associated Press (AP) ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de prensa y la relación entre el gobierno y los medios. Este veto se produce tras la negativa de AP a adoptar el nuevo nombre impuesto por el presidente Donald Trump para el Golfo de México, que ahora debería ser referido -según Trump- como «Golfo de América». Según el subjefe de gabinete, Taylor Budowich, la AP «continúa ignorando el cambio de nombre geográfico legal» y su acceso al Despacho Oval y al avión presidencial, Air Force One, ha sido restringido en consecuencia 125.
La AP ha defendido su derecho a utilizar el nombre tradicional, argumentando que el cambio solo tiene validez dentro de Estados Unidos y no es reconocido internacionalmente. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre la administración Trump y los medios de comunicación, donde se acusa a la AP de difundir «desinformación» por no alinearse con la nueva terminología. La agencia ha mantenido que seguirá utilizando «Golfo de México» en sus reportes, mientras reconoce el nuevo nombre en su cobertura 78.
Este veto ha sido calificado como una violación de la Primera Enmienda, que protege la libertad de prensa. Julie Pace, redactora jefe de AP, describió la prohibición como «una violación flagrante» de este derecho fundamental. La Sociedad Interamericana de Prensa también ha criticado esta acción del gobierno, considerándola arbitraria y un ataque a la libertad informativa. La situación refleja un patrón más amplio de confrontación entre el gobierno actual y los medios que critican sus políticas y decisiones.
