La batalla por el Hotel Serenidad

El Hotel Serenidad abrió sus puertas a una clientela internacional en las costas del Golfo de California hace más de 50 años. Casi de la noche a la mañana, se transformó ese tranquilo pueblo de la costa de Baja California Sur, en un nuevo destino del turismo internacional.

Pero el 14 de julio de 1996, campesinos ocuparon el balneario de Mulegé en una disputa que pone de manifiesto las contradicciones en la estrategia del gobierno mexicano para atraer inversión extranjera y turismo. Dicha ocupación duró 10 meses.

En Zona Zero logramos platicar con Sandra Johnson quien actualmente vive en Tijuana y junto con sus otros dos hermanos son los actuales dueños.

Sus elegantes jardines, rodeados de palmeras, eran un oasis de elegancia a lo largo de una costa desértica salpicada de parques de casas rodantes de bajo alquiler. 

El Hotel Serenidad es, en resumen, el tipo de desarrollo que el presidente mexicano Ernesto Zedillo dijo que la nación necesitaba en aquellos tiempos para ayudar a la economía del país. Cinco presidentes han pasado por el Gobierno de México desde entonces existe un pleito legal.

Décadas de tranquilidad en el Hotel Serenidad llegaron a un final abrupto, y con él gran parte del negocio turístico de Mulegé, desde entonces.

Cerca de 100 campesinos locales -ejidatarios pertenecientes al Ejido 20 de Noviembre- invadieron y ocuparon el hotel. Estos ejidatarios, o campesinos propietarios de tierras en forma comunal, desalojaron a los propietarios y huéspedes y se apoderaron de las habitaciones, el comedor, el bar de la piscina y la pista de aterrizaje.

En aquel entonces un juez federal en la Ciudad de México dictaminó que los dueños tenían título legal de la tierra.

¿Estará al tanto Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, de lo que hoy ocurre hoy en Baja California Sur?

Empresarios como Nancy y Don Johnson -dueños del Hotel y quienes ya fallecieron- decían que el gobierno debe encontrar un “equilibrio entre su compromiso con la democracia y su política de intermediación de inversiones extranjeras”.

Los ejidatarios, a quienes el gobierno mexicano otorgó vastas extensiones de propiedad pública y privada a principios de este siglo, insisten en tener documentos que demuestran su propiedad de las dos hectáreas que incluyen el Hotel Serenidad. Exigen que los Johnson les paguen decenas de miles de pesos en renta antes de que pongan fin a su asedio.

Hace dos semanas le dieron un falló a favor de los ejidatarios, sin posibilidad de amparo para los dueños.

Invasiones cómo estas siguen sucediendo en México, a pesar de gobiernos progresistas como el actual.

Funcionarios federales y analistas independientes reconocen que estos conflictos de tierras no son infrecuentes, resultado de décadas de políticas de gestión territorial desordenadas.

Los Johnson afirman haber invertido cerca de un millón de dólares en el hotel desde que Nancy lo compró a los antiguos dueños en 1968, incluyendo los más de 100.000 dólares que, según ella, pagó al gobierno federal por el terreno en 1982. Los Johnson habían alquilado el terreno durante años a la colectividad campesina, hasta que el gobierno les comunicó que había sido expropiado.

Según medios norteamericanos, los Johnson tienen “montones de revistas de viajes antiguas con su hotel en las portadas, lo que da fe del gran atractivo del complejo turístico y de los propios Johnson”. El número de junio de 1981 de la revista Desert Magazine tituló un artículo sobre Johnson y el Hotel Serenidad de esta manera: «Un sueño con un propósito. La historia de Don Johnson, un hombre de dos naciones».

La Asociación de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (AOPA), con sede en Frederick, Maryland, y que representa a 340,000 pilotos estadounidenses, escribió a la Oficina de Turismo del Gobierno de México en Washington: “Don y Nancy Johnson se han labrado una reputación única y confiable en la comunidad de la aviación general”.

“La toma de control de esta valiosa instalación turística es particularmente preocupante, ya que AOPA ha participado en las reuniones de la Operación Amistad tanto en México como en Estados Unidos durante varios años, trabajando diligentemente para fomentar y promover una frontera transparente”.

Los empresarios locales de Mulegé han expresado aún más su apoyo a los Johnson y su indignación por la confiscación del hotel.

“Han hecho cosas increíbles por la comunidad”, dijo Roy Mahoff, originario de California y quien ha dirigido un negocio de tours en kayak en la ciudad durante los últimos años, sobre los Johnson. “Emocionalmente, esto ha tenido un impacto increíble en esta comunidad”.

Según el líder de los ejidatarios, en aquel entonces, Rafael García Espinoza, nunca fue la intención de los campesinos invadir esa propiedad. Simplemente estaban haciendo valer sus derechos fundamentales, afirmó.

“La razón por la que los ejidatarios están dentro del hotel es porque es propiedad del ejido”, dijo García —un campesino muy elocuente— en una entrevista afuera de su choza de madera de una sola habitación, en una zona sin pavimentar del pueblo.

El reclamo de los ejidatarios data de 1924, cuando el gobierno federal otorgó a los campesinos locales la titularidad de más de 113 kilómetros cuadrados de tierra, que incluían el pueblo de Mulegé. La donación formó parte de una redistribución masiva de tierras a nivel nacional después de la Revolución Mexicana.

Luego, en la década de 1970, el gobierno expropió miles de hectáreas de tierras ejidales en todo el país para promover el turismo y otros desarrollos. 

Entre esas parcelas se encontraban unas 150 hectáreas de tierras ejidales en Mulegé. Posteriormente, el gobierno regularizó la propiedad de las tierras expropiadas, vendiendo títulos de propiedad a quienes deseaban invertir en México y a quienes ya las habían alquilado a los ejidatarios durante años.

El gobierno priísta de entonces, prometió reembolsar a los ejidatarios por las tierras expropiadas. Pero debido a la negligencia, la mala administración o la falta de fondos, no lo hizo.

Para agravar el problema en Mulegé, se planteó la cuestión de si las tierras expropiadas incluían la parcela de cinco hectáreas del Hotel Serenidad. Los Johnson afirman que sí.

Pero García en una entrevista en -Los Angeles Times- insistió en que el título de propiedad de los Johnson es ilegal, que las tierras expropiadas llegan hasta antes del hotel y que por tanto el hotel sigue en propiedad del ejido.

Reconoció que los Johnson pagaron a los ejidatarios una renta justa por la tierra durante más de una década, hasta 1980, cuando Nancy Johnson inició el proceso burocrático de dos años para comprarla. Pero insistió en que deben pagar la renta durante los últimos 16 años y los años venideros si quieren quedarse allí.

Cuando se le preguntó si su grupo acataría la sentencia judicial, García respondió rotundamente: «No. Es solo un juez. Solo una persona».

García reconoció el grave daño que la confiscación de su grupo ha causado a la economía de Mulegé, pero añadió: «¿Qué harían si tuvieran una tienda con grandes ganancias y no recibieran nada, y la tienda fuera suya porque pueden demostrarlo? ¿Dejarían que esta gente se enriquezca mientras ustedes pasan hambre?».

La mayoría de los mulegeños son agricultores pobres, como García, pero no pasan hambre. Sin embargo, existe una gran disparidad entre ricos y pobres. Los mexicanos y estadounidenses más adinerados viven en la parte pavimentada del pueblo, mientras que García y los demás ejidatarios viven en chabolas en las lodosas afueras.

“Hemos luchado mucho por esta tierra”, dijo García. “No podemos permitir que nos quiten algo que podemos demostrar que es nuestro, ya sean mexicanos o extranjeros”.

El líder del ejido dijo que no ve el conflicto como un enfrentamiento entre ricos y pobres, ni entre mexicanos y estadounidenses.

Empresarios locales dijeron que su futuro y el de su pueblo siguen siendo inciertos. Mientras tanto el hotel esta abierto con enorme incertidumbre sobre su futuro.

Total, que desde entonces, Mulegé no tiene serenidad.