En la Ciudad de México, la gentrificación es un fenómeno que continúa creciendo y causando múltiples efectos sociales y económicos. Recientemente, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un Bando de Gobierno con 14 acciones específicas para mitigar el impacto de la gentrificación, con énfasis en garantizar el derecho a una vivienda asequible, impedir el desplazamiento de comunidades originarias, y fortalecer la política social de vivienda, especialmente en las zonas centrales y de tensión de la ciudad.

Este fenómeno ha provocado un aumento significativo en las rentas y precios inmobiliarios en diversas colonias que antes no eran consideradas exclusivas, como Tacubaya, Tabacalera, Lomas de Sotelo, y la Ampliación Granada (Nuevo Polanco), desplazando poco a poco a sectores tradicionales como Polanco o Lomas de Chapultepec. El incremento de precios está relacionado también con la presencia de alquileres de estancia corta tipo Airbnb, que modifican la oferta y demanda en el mercado habitacional.

Además, la gentrificación trae otros efectos negativos como el aumento en el costo de servicios y productos y la pérdida de identidad cultural en varias zonas. La presión de mercado hace que un alto porcentaje de hogares capitalinos destinen más del 30% de su ingreso a la renta, afectando directamente a la población local de menores ingresos.

Ante esta situación, la sociedad civil ha respondido con movilizaciones; se han convocado varias marchas contra la gentrificación para exigir soluciones y protestar contra el alza desmedida de rentas y el desplazamiento forzoso, con la próxima marcha programada para el 20 de julio de 2025 en la alcaldía Tlalpan.

Cabe mencionar que, aunque gentrificación es especialmente visible en zonas como la Roma, Condesa y Centro Histórico, también existen colonias donde este fenómeno es menor, preservando precios accesibles y vida comunitaria, como El Arbolillo en Gustavo A. Madero o Agrícola Pantitlán en Iztacalco.

En resumen, la gentrificación en CDMX está transformando el mercado habitacional y el tejido social, generando mayor desigualdad y desplazamientos, pero el gobierno ha comenzado a implementar acciones para revertir o mitigar sus efectos, mientras la ciudadanía continúa movilizándose para defender sus derechos a la vivienda y a una ciudad habitable.