La reciente declaración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que negó un cambio en la estrategia de seguridad de Sinaloa, plantea serias interrogantes sobre la efectividad y el enfoque del gobierno ante el creciente problema del crimen organizado. Al calificar este ajuste como una mera reorganización y no como un replanteamiento necesario, se corre el riesgo de subestimar los desafíos que enfrenta la seguridad en el país.
Es crucial entender que hablar de «responsables en distintas zonas» no es suficiente para abordar las complejidades del crimen organizado. La estrategia actual parece depender demasiado de una estructura jerárquica sin considerar adecuadamente la inteligencia necesaria para desmantelar redes criminales. Sin una visión integral y proactiva que contemple las raíces del problema, estas medidas podrían resultar ineficaces o, peor aún, contraproducentes.
La población exige respuestas claras y acciones contundentes que vayan más allá de ajustes superficiales. La seguridad no puede ser solo un tema administrativo; debe convertirse en una prioridad real que involucre a todos los niveles del gobierno y recupere la confianza ciudadana perdida.