Más de 200 órdenes de aprehensión han sido solicitadas por la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) contra agentes aduanales, administradores, subadministradores, personal operativo de aduanas, militares y empresarios por su presunta implicación en el delito de huachicol fiscal. Este delito consiste en el contrabando a gran escala de combustible hacia México desde diversas partes del mundo, facilitado por colusión al más alto nivel, incluso incluyendo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, socio mayoritario de una empresa involucrada en megadecomisos de combustible ilegal.
El operativo para combatir el huachicol fiscal inició con órdenes de aprehensión desde agosto de 2025 y ha logrado la desvinculación de personal de aduanas en ciudades como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, además de la captura de empresarios, marinos activos y retirados, y exfuncionarios aduanales. La estrategia delictiva detectada incluye el ingreso a México de combustibles ilegales registrados falsamente como aditivos para aceites lubricantes, mediante buques y trenes que evaden impuestos a cambio de sobornos millonarios.
Además de los agentes aduanales, importadores, comercializadoras y distribuidores de hidrocarburos están bajo investigación debido a su posible participación en la cadena de suministro del huachicol fiscal, lo que permite concretar este contrabando. El gobierno ha implementado desde 2020 la custodia de las aduanas por parte de las secretarías de Defensa Nacional y Marina para evitar la corrupción, y desde abril de 2025 se intensificaron los operativos en aduanas del norte del país para detectar el combustible ilícito.
Este caso representa una lucha contra una red que ha generado miles de millones de dólares en ganancias ilícitas y que ha involucrado a altos funcionarios y empresarios en el país.
