El paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que ya suma tres semanas, tiene como principal demanda un aumento salarial del 10% y un incremento del 3% en prestaciones para los trabajadores. Esta exigencia responde a la sobrecarga de trabajo derivada de la extinción de 24 juzgados civiles y 19 penales, lo que ha incrementado significativamente el número de expedientes que cada servidor público debe atender, sin que se haya ajustado el personal ni los sueldos para compensar este aumento de responsabilidades. La oferta de las autoridades hasta el momento ha sido de un aumento del 5% al salario y 2% en prestaciones, propuesta que los trabajadores consideran insuficiente.

Posibles soluciones

La solución más directa sería que las autoridades judiciales y del gobierno local lleguen a un acuerdo que contemple un aumento salarial más cercano al 10% solicitado, así como un ajuste en prestaciones y, posiblemente, la contratación de más personal para distribuir la carga de trabajo de manera equitativa. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha exhortado a ambas partes a establecer mecanismos de diálogo y conciliación para reanudar el servicio jurisdiccional lo antes posible, subrayando la importancia de garantizar el acceso continuo y eficiente a la justicia para la ciudadanía.

Impacto en los casos penales y familiares pendientes

El paro ha paralizado la impartición de justicia en la capital, afectando especialmente los juzgados familiares y penales. En estas tres semanas, se calcula que al menos 15 mil expedientes familiares no han sido revisados, y el rezago sigue creciendo. Los juzgados, unidades de gestión y salas de materia familiar permanecen cerrados, así como los principales tribunales de la Ciudad Judicial.

En materia penal, aunque se han establecido guardias para atender casos urgentes —como órdenes de aprehensión y situaciones que impliquen riesgo para la vida o la integridad de las personas—, la mayoría de los procedimientos ordinarios están detenidos. Esto significa que los plazos procesales están suspendidos, no se celebran audiencias y no se resuelven conflictos, lo que retrasa la resolución de casos de personas privadas de su libertad y de asuntos familiares como pensiones alimenticias, custodias y divorcios.

Consecuencias para la ciudadanía

• Miles de ciudadanos se ven impedidos de acceder a la justicia, lo que compromete la tutela judicial efectiva y la protección de derechos fundamentales.
• El rezago de expedientes aumenta, lo que podría traducirse en una saturación aún mayor cuando se reanuden las actividades.
• En casos familiares, la falta de resolución puede agravar situaciones de vulnerabilidad, especialmente para menores y personas dependientes.
• En materia penal, la suspensión de plazos y audiencias puede prolongar indebidamente la prisión preventiva o retrasar la ejecución de sentencias.

Resumen

El paro en el Poder Judicial de la Ciudad de México responde a demandas de mejores condiciones laborales ante una sobrecarga de trabajo. La solución pasa por la negociación y el ajuste salarial, así como por la posible contratación de más personal. Mientras tanto, la justicia está prácticamente paralizada en la capital, afectando a miles de usuarios, especialmente en los ámbitos penal y familiar, con un creciente rezago de expedientes y riesgos para la protección de derechos fundamentales.

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