La reciente reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha suscitado una controversia considerable. La elección, llevada a cabo por 87 senadores de Morena, Verde y el Partido del Trabajo, se realizó en un contexto que plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso. La obligación impuesta a los senadores de mostrar su boleta resultó en una votación que careció del principio fundamental del secreto, un aspecto esencial en cualquier elección democrática.
A pesar de las numerosas voces críticas provenientes de organizaciones sociales y activistas que abogan por una defensa genuina de los derechos humanos, la decisión fue forzada. Muchos aspirantes al cargo habían manifestado su desacuerdo con la gestión de Piedra y plantearon alternativas más viables para liderar la CNDH. Sin embargo, esta elección forzada parece haber ignorado esas preocupaciones, perpetuando un ciclo donde las instituciones diseñadas para proteger nuestros derechos se ven comprometidas por intereses políticos.
Es fundamental cuestionar si realmente se está priorizando la defensa de los derechos humanos o si simplemente se están haciendo concesiones políticas que no benefician al país ni a sus ciudadanos. La situación actual es alarmante y nos obliga a reflexionar sobre el futuro de nuestra democracia y el respeto hacia aquellos que luchan incansablemente por justicia y equidad.
