Una jueza federal vinculó esta madrugada a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete empresarios y agentes aduanales, por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el esquema habría permitido el ingreso irregular de más de 2 mil 137 millones de litros de combustible y provocado un daño superior a 166 millones de pesos a la hacienda pública.

La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras una audiencia que se prolongó por varias horas. La FGR acusa a los señalados de delincuencia organizada, contrabando y delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Cómo operaba la red

Según la carpeta de investigación citada por medios nacionales, la estructura presuntamente utilizaba empresas, representantes legales, accionistas, un agente aduanal y operadores corporativos para importar combustible desde Estados Unidos y declarar sólo una fracción de lo transportado. En ese esquema, la FGR ubica como una de las compañías relacionadas a Ingemar, S.A. de C.V., firma vinculada con Ruffo Appel.

La autoridad ministerial sostiene que el fraude fiscal derivó principalmente del pago incompleto de IEPS e IVA, con un quebranto estimado en 166 millones 466 mil 735 pesos. También se ha señalado que la red habría operado mediante documentación aduanera presuntamente irregular para permitir el paso de mercancía no declarada.eluniversal.

Detalles judiciales

De acuerdo con los reportes disponibles, la audiencia inició por videoconferencia y se desarrolló durante casi 40 horas en distintas fases. En el caso del exgobernador y los demás imputados, la jueza determinó su vinculación a proceso mientras continúa la investigación ministerial.

La cobertura periodística también señala que la FGR busca penas de 20 a 40 años de prisión para los acusados, al considerar que habrían participado en una red de tráfico ilegal de combustible con ramificaciones empresariales y aduanales.